Hace algún tiempo escribí un post llamado "Un país, dos legalidades", en el cual sostenía la tesis de que en Venezuela existen dos raseros a la hora de aplicar justicia. Esta mañana, escuchando las noticias en la radio, me volvió a la mente esa concepción: el locutor daba cuenta de la medida de presentación que se les impuso a los militares implicados en el asesinato de Geraldine Moreno, ocurrido en el marco de las protestas que ocurrieron a principio de año. Asesinos comprobados no están tras las rejas, sino libres, en la calle. Con la única obligación de presentarse una vez por semana ante un juzgado. Por otro lado, Marco Coello, estudiante de quinto año de bachillerato, imputado por terrorismo por haber participado en una marcha, y que no hirió a nadie, tiene cinco meses preso.
En un caso sumamente mediático, Leopoldo López es apresado por instigar al magnicidio. Es a lo sumo un delito de opinión. En cambio el asesino de Adriana Urquiola, totalmente identificado, logró salir del país sin ningún inconveniente y al día de hoy el estado venezolano no ha solicitado su captura a la Interpol.
Creo que no es necesario hacer mucho incapié en el ventajismo enorme del que goza una parte de la población con respecto a la otra. Estos que pongo son apenas un par de los tantos ejemplos que existen. El sistema judicial venezolano responde a parcialidades políticas y no a la justicia. Y eso es algo realmente grave. Tal vez en el pasado las cosas no fueron mucho mejores, pero eso no puede ser una excusa para eximirse de impartir justicia de manera imparcial y ajustada a derecho. Tener un sistema judicial parcializado es una de las cosas más perversas que puede ocurrir en una nación, ya que cualquier persona que le pueda resultar incómoda al régimen puede ir presa en cualquier momento, por cualquier motivo.
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